Comisión de Justicia y Paz
Solicita trato humanitario para precaristas

Momentos en que Maribel Jaén se dirigía al representante del MIVI.

Sharon Pringle - sharon@panoramacatolico.com

Ante la petición de la Pastoral Arquidiocesana, que desarrolla desde 2005 un trabajo para fortalecer la capacidad organizativa y condiciones de vida en las comunidades de las Garzas, corregimiento de Pacora, la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, acudió al sector Balbina, donde el 20 de febrero de 2007 (martes de carnaval), un grupo de familias se asentaron con pequeños cuartos fabricados de madera y zinc, en los terrenos reforestados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y otros inundables del sector.
Al llegar al lugar, este 7 de marzo, Maribel Jaén, directora Ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, se reunió con estas familias, y con autoridades de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Vivienda (MIVI), de tal forma, esa instancia se mostró mediadora ante la acalorada discusión.
Ese mismo día, se hizo pública la carta enviada a la ministra de Vivienda, Balbina Herrera, y firmada por Maribel Jaén y Patrick Hanssens, director de la Pastoral Social Arquidiocesana, donde estas personas expresan "somos conscientes que en el tema de las invasiones se han presentado casos en el pasado donde las personas se aprovechan de las necesidades de la población para beneficios personales", e indican "hemos observado las labores que realiza el Ministerio de Vivienda con el objeto de mejorar las condiciones de vida de estas comunidades que viven en situaciones de extrema pobreza".
Sin embargo, se menciona "pudimos corroborar la situación que se está desarrollando en este lugar y uno de los señalamientos de los pobladores es que han sido víctimas del maltrato verbal de parte de funcionarios del Ministerio de Vivienda". Por tal razón solicitaron se amplíe el censo de los sectores no visitados de La Balbina, para beneficiar a las personas afectadas, se mantenga informada a la comunidad de las acciones que desarrolla el MIVI, y se les permita participar de la toma de decisiones sobre lo que les conviene, y se respete la dignidad de los moradores de la población.
Justo Castillo, un dirigente comunitario, manifestó que se trata de 114 familias, que suman alrededor de 700 personas, de las cuales, 250 son niños.