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A
TIRO DE PIEDRA
Transporte o urbanismo
Luis Alberto Díaz - lad@panoramacatolico.com
Nuevamente hay fricción entre los transportistas y el gobierno; esta vez
por la reforma de la ley que regula el sector, principalmente el de
transporte colectivo de pasajeros en la capital. Muchas son las quejas
en contra del servicio de transporte, a tal punto que en la actualidad
la opinión pública es mayormente contraria a los concesionarios que
prestan el servicio público.
La situación anómala del servicio de transporte tiene ya décadas de
estarse discutiendo, y a pesar de los cambios en la legislación, las
reformas y reglamentaciones han impedido que se cumpla el espíritu de la
ley. La crisis es tal, que ahora se habla de soluciones urbanísticas y
no sólo de cambio de la flota vehicular y reordenamiento de rutas.
Dentro de las diversas opciones existen al menos tres que, según los
entendidos, serían la solución al problema; sin embargo, también supone
cambios que trascienden la mera actividad de explotación de rutas de
transporte de pasajeros. Las tres opciones que más se mencionan son: el
bus articulado o transmilenio, el tren ligero, y el monorraíl.
Cualquiera de las tre mencionadas traen consigo la transformación o
adecuación de las vías por donde circulen los vehículos, lo que implica
resolver el problema de desalojo de la servidumbre, la construcción de
paradas y terminales, y la ampliación de calles y avenidas. Todo esto
costoso y con un monto de inversión multimillonario.
Bajo la condición de crisis urbanística actual, que se agrava con la
construcción incontrolada de edificios altos en el centro de la ciudad,
la posibilidad de contar con un sistema de transporte colectivo
eficiente y barato es remota. Debemos tomar una decisión y planificar a
futuro, porque sumar más autobuses a la flota vehicular capitalina es
agravar el problema.
Nuestra opción más sensata, en mi opinión, es una combinación de
autobuses livianos con tren ligero y monorraíl. Será costosa, es cierto,
pero puede planificarse para completarse en 15 ó 20 años. La inversión,
por supuesto, debe hacerla el estado, porque darla en concesión
encarecería el precio del pasaje, como consecuencia del principio de
empresa mercantil que debe producir utilidades y cubrir los costos de
operación e inversión.
Queda pendiente resolver la situación de los concesionarios, y una
solución para ellos sería cambiar sus cupos por acciones de la nueva
empresa estatal de transporte, las cuales podrán usufructuar por un
número determinado de años que puede ser entre 25 y 30 años, como parte
de la indemnización que le corresponde por salir del sistema. Esa
compañía debe funcionar con total independencia, siguiendo el modelo del
canal y debe expandirse, según el plan de desarrollo que se le fije,
hacia el Oeste y el Este de Panamá, y hacia Colón. De esta manera se
cubriría toda la región metropolitana del istmo, con un sistema de
transporte moderno, eficiente, y rentable.
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